Los acuerdos de Doha ponen en peligro al sector servicios
Desesperado por cerrar un nuevo tratado global comercial, el jefe de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Pascal Lamy, está planeando convocar una reunión «mini-ministerial» en la tercera semana de julio. La intención es salir de ella con acuerdos comerciales para la liberalización de mercados en la agricultura, la industria y los servicios, los cuales han sido el foco de atención de los llamados Acuerdos de Doha de la OMC que se vienen alargando desde 2001. Los gobiernos de los países más desarrollados han acordado justamente textos que se refieren a ilusorias promesas de reducción de los subsidios en agricultura en la Unión Europea y en los Estados Unidos, lo que necesita de ambos que recorten sus aranceles industriales proporcionalmente más que los países en vías de desarrollo. Se permitirían, no sólo a sí mismos, malos acuerdos que pondrían en un grave aprieto al sector servicios, incluyendo actividades tan vitales como la provisión de agua, la energía y la intermediación financiera. Mientras la atención global se ha centrado en las charlas sobre los subsidios agrícolas y los aranceles industriales, los Estados Unidos y la Unión Europea han puesto de manifiesto que no aceptarán ningún paquete de medidas que no incluya los servicios.
Como ha dejado tajantemente claro hace poco la representante de comercio de los Estados Unidos, Susan Schwab, Washington «no aceptará unas medidas de Doha que no incluyan unos resultados ambiciosos en la liberalización de los servicios que conlleven resultados comercialmente significativos».
Mientras Schwab describe los servicios como el primo pobre de la agricultura y la industria, un posible resultado es un acuerdo en materia de servicios que no vaya acompañado de otros en agricultura e industria. Con la polarización entre el norte y el sur en agricultura e industria, salvando los acuerdos sobre servicios de Doha, que representan entre un 50 y un 60% de la actividad económica de los países más desarrollados, puede ser una opción más que atractiva para los EE.UU y la UE.
El Acuerdo General de Mercados de Servicios (General Agreement on Trade in Services, GATS), exige a los países conceder el mismo tratamiento a los proveedores de servicios extranjeros que a las empresas locales. No obstante, los países en desarrollo se muestran poco dispuestos a hacer esto, debido a su actual mínima capacidad de regular los negocios transnacionales. Sus temores han sido ventilados por problemas actuales del sistema financiero, y se encuentran con la ausencia de regularización global de los operadores financieros de los países desarrollados.
Si bien los servicios financieros son sólo uno de los muchos que cubre el GATS, los EE.UU y la UE han hecho un sector financiero liberalizado con importantes demandas en los países en desarrollo. Se ha revelado que la UE ha pedido que algunos países en desarrollo eliminen las regulaciones sobre las actividades de los hedge funds, las agrupaciones financieras que fueron las causantes del colapso del baht [moneda tailandesa, N. de la R.] en 1997.
La UE también ha pedido a México que abra sus mercados a los “derivados”, inseguros instrumentos financieros que han jugado un papel importantísimo en el caos financiero actual.
Muchos países en vías de desarrollo reciben con los brazos abiertos el capital extranjero, pero han aprendido lo costosa que resulta la presencia de una fuerte financiación extranjera, pues supone un fuerte régimen de regulación a la medida de sus particulares necesidades y capacidades.
Fue la indiscriminada eliminación de los controles del capital en estas regiones por orden del Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Hacienda de los EE.UU la que causó la devastadora crisis financiera asiática. Con prácticamente todos los controles del capital suprimidos y las leyes de inversión liberalizadas, casi 100 mil millones de dólares americanos desembocaron en las economías asiáticas entre 1993 y 1997, con el capital tendiendo hacia áreas de alto y rápido beneficio, como el del mercado de valores de bienes inmuebles.
Con pocos controles hacia donde iban los fondos, la sobreinversión pronto hundió las reservas y las economías domésticas, causando un colapso de los precios y el consecuente trastorno para los tipos de cambio, la balaza de pagos y la balanza comercial. Llevados por el pánico, los especuladores huyeron por la primera salida que vieron. Con las leyes de entrada y salida liberalizadas, los gobiernos no tenían manera —exceptuando a Malasia, que desafió al FMI e impuso controles de capital— para parar la estampida; y los 100 mil millones de dólares, que desaparecieron de la región en pocas semanas en el verano de 1997, conllevaron una chirriante parada del crecimiento económico desde Corea hasta Indonesia.
Después de la crisis financiera asiática, la de Argentina, y el crack del dot.com entre 2000 y 2002, todos ellos causados por las burbujas especulativas y la falta de regulación financiera, uno podría pensar que las autoridades de los países desarrollados harían hincapié en la regulación de las actividades de los actores financieros globales.
Sin embargo, la financiación global se resistió a cualquier movimiento hacia una regulación efectiva. Si bien se levantaron voces que pedían controles a la proliferación de los instrumentos financieros como los “derivados”, esto nunca se consiguió. La evaluación y regulación de los “derivados” iba a dejarse en manos de los agentes del mercado, quienes supuestamente tenían acceso a sofisticados modelos de «evaluación de riesgos» cuantitativos que traerían el desarrollo.
Arrasados por las consecuencias de esta desregulación financiera, muchos países en desarrollo no se sorprendieron cuando la autorregulación les condujo a una burbuja inmobiliaria que cuando explotó puso al sistema global de finanzas al borde del colapso.
Una de las más conocidas escenas de las antiguas películas de oeste es esa en la que un tren acelera hacia una colisión inminente con otro, con la mano sin vida del maquinista, al que unos bandidos han disparado, apoyada sin remedio sobre el acelerador. El desarrollo actual de las finanzas globales es una reminiscencia de esa escena.
El consenso global está formando una re-regulación del sector financiero. Pero la despreocupación por este consenso emergente y el caos financiero alrededor de él de los países desarrollados que negocian en la OMC, es como la mano muerta del maquinista, continúa acelerando, presionando a los países en desarrollo para hacer acuerdos en materia de servicios que liberalicen drásticamente su sector financiero.
Los países en desarrollo conducirían el tren a la colisión de la que naturalmente sobrevendrá la determinación de los EEUU y la UE de conseguir la liberalización financiera global a cualquier precio. Aquéllos no deberían conformarse con un acuerdo del sector servicios que comprometiera su capacidad para regular sus propios sectores financieros y otros servicios.
Lo que deben hacer es decir no a los acuerdos arancelarios en agricultura e industria que les sitúan en unas condiciones injustas, y deben también no tomar parte en los acuerdos sobre el sector servicios que no les reportaría otra cosa que ser arrastrados a una terrorífica espiral de desregularización financiera global.
[1] Walden Bello es profesor de Sociología en la Universidad de Filipinas y alto analista del Global South, instituto de investigación de la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok.
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